La denuncia que presentamos por delito de prevaricación ha sido admitida a trámite por la posible existencia de una infracción penal. Como recordaréis, el ajardinamiento de la plaza de la Libertad y la construcción de la rotonda de Loureiro Crespo se hicieron a dedo saltándose la legalidad y 9 meses después se pretendió darle cobertura legal haciendo el teatrillo de convocar una mesa de contratación en la que el PP se dio cuenta de que las mejoras ya estaban realizadas. Además nos han costado 120.000 €, es  decir 25.000 € más de su coste.

Es tanta la impunidad política del gobierno de Lores que el propio Alcalde y el concejal Raimundo se atrevieron a inaugurar las obras aún a sabiendas de que se habían saltado los procedimientos legales. Más allá de la existencia de responsabilidades penales, lo cual debe dirimir la justicia, el comportamiento del gobierno demuestra una prepotencia impropia de un cargo público. ¿Ha salido alguien del gobierno, ya no digo a pedir disculpas (algo impensable tratándose de quien se trata), pero a reconocer al menos que lo que han hecho no está bien? Más bien lo contrario, ayer Mosquera se defendía atacando.

El Juzgado de Instrucción nº 2 ha abierto diligencias y, como consecuencia, el pasado 25 de junio llegó al Concello un escrito del juzgado reclamando los expedientes de las obras en cuestión, así como la documentación sobre la contratación de la empresa Naturgalia. Hemos esperado un cierto tiempo para ver si el gobierno informaba del asunto, pero como no ha sido así, hemos tenido que ser nosotros quienes se lo comuniquemos a los medios de comunicación. Es triste tener que decirlo, pero tenemos un gobierno que ha perdido el respeto a la función pública. Otro ejemplo, que no es baladí, lo comentaba Urco antes de ayer cuando denunciaba el uso indebido por parte de los socialistas de las dependencias del Concello para un acto partidista.