Si pincháis aquí tenéis la encuesta obligatoria sobre el uso del gallego que el gobierno de Pontevedra está haciendo entre el personal municipal y que está levantado un gran malestar. Antes podéis leer el escrito del concejal Demetrio amenazando al que no conteste con la aplicación del artículo 31 de la ordenanza del uso del gallego: “La comisión de seguimiento podrá promover, llegado el caso, las medidas oportunas que se consideren…” Como “medidas oportunas” es un cajón de sastre en el que cabe todo, nos preguntamos si el concejal está pensando en tomar decisiones drásticas con quienes no contesten.

El estilo político de Demetrio es muy conocido en Pontevedra, pero esta encuesta y sus amenazas al personal suponen un atropello a la libertad y privacidad del personal municipal. Los métodos del concejal nos recuerdan otros tiempos. Supuestamente la encuesta es anónima, y digo supuestamente porque las 13 primeras preguntas solicitan datos (personales y laborales) que permiten identificar al encuestado fácilmente. Otras preguntas, como la 14 y 20, invaden claramente la esfera privada de los empleados y, por tanto, no se entiende el interés del gobierno en preguntar estas cuestiones. ¿Acaso la Comisión de Normalización Lingüística del Concello tiene competencias en el ámbito privado y familiar?

Las preguntas 25 y 37 desprenden sectarismo y no encontramos su relación con el uso del gallego en el Concello. En un gobierno serio el responsable de esta iniciativa se vería obligado a dimitir. En el gobierno de Lores seguramente aplaudirán los excesos de Demetrio que, mucho nos tememos, ni siquiera reconocerá su error. En una democracia los atentados contra la libertad y la privacidad son inadmisibles y quien los cometa deberá asumir responsabilidades. Además, conviene recordar que el gobierno gasta todos los años, haya crisis o no, 300.000 € en normalización lingüística, una cantidad que el año pasado propusimos reducir, entre otras medidas de austeridad, pero como es habitual no se nos hizo caso.