Una vez nombrado candidato a la alcaldía de Pontevedra recibí el primer ataque político mediático. La edición gallega de El País me acusó de haber recalificado unos terrenos en Portonovo para beneficiar a un socio. Una mañana de octubre del 2006, la jefa de prensa del Concello de Sanxenxo recibió la llamada de un redactor de El País anunciándole que iban a publicar una información sobre la recalificación de unos terrenos en Portonovo y me ofrecían la posibilidad de dar mi opinión. Minutos después, la jefa de prensa le devolvió la llamada para informarle que estaba en un error, ya que los terrenos a los que se refería se recalificaron en 1989, 10 años antes de que yo fuera elegido Alcalde de Sanxenxo. Y si no le creía, como llamaba desde Santiago, lo podía comprobar muy fácilmente si se dirigía a la Dirección Xeral de Urbanismo donde se lo podrían confirmar. El periodista argumentó que disponía de una escritura que confirmaba el carácter agrícola de los terrenos. Al día siguiente, El País me atribuyó una recalificación que nunca hice.

Hasta aquí los hechos; a continuación cómo se cocinan estas acusaciones mediáticas. La información llega a El País de la mano de uno de los más estrechos colaboradores de Quintana. En las semanas previas, Mosquera ya se había encargado de calentar el ambiente relacionando mi candidatura en Pontevedra con intereses inmobiliarios. El objetivo no era otro que proteger la principal alcaldía que el BNG tiene en Galicia. Por entonces, algunos medios de comunicación de Pontevedra recibieron presiones para tratarme mal, pero (y se lo agradezco mucho) no se dejaron intimidar. En cuanto a la falta de rigor de El País, a estas alturas no debe extrañar a nadie. Qué tiempos aquellos en los que era un periódico independiente, ahora sigue el principio de “no permitas que la verdad te estropee una buena noticia”. ¿Dónde está ahora el que entonces era director de la edición gallega de El País? Dirige Público, un diario conocido por su “objetividad y prestigio”.

Pero ¿y la escritura que según el periodista demostraba la calificación agrícola de los terrenos? Era de los años 50, y cualquiera, hasta el periodista más torpe, sabe que una escritura no siempre refleja la situación actual de unos terrenos. Para ello hay que consultar el registro de la propiedad y el plan general vigente. Es más, la manipulación era de tal envergadura que antes de que fueran recalificados esos terrenos en 1989 allí había una conservera, como bien saben los vecinos. Por tanto, incluso 40 años antes de que yo fuera alcalde, esos terrenos ya no eran agrícolas, pese a lo que El País sostenía.

Cuando días después pude demostrar documentalmente todo lo que aquí os cuento y mucho más, lejos de rectificar, El País y la mano que había detrás se dedicaron a cuestionar que un socio mío hubiera ganado dinero vendiendo una parte de esos terrenos 6 años después de comprarlos. Como si hubiera algo malo en ello. Y aunque lo hubiera habido, ¿tendría yo alguna responsabilidad? ¿Si mañana mi hermano, un amigo o un socio cometen un delito, soy yo también responsable? Eso tiene un nombre, totalitarismo.

Pero la historia todavía tiene un capítulo más. Aprovechando la coyuntura, unos ecologistas presentaron una denuncia diciendo que los terrenos formaban parte de un humedal y por tanto no se podían construir viviendas. El Juzgado de Cambados abrió diligencias previas y comprobó la legalidad de todo el expediente, por cierto, con informes favorables de las consellerías del bipartito. Y así acabó la historia. Una vez que el juez comprobó la legalidad nadie publicó nada. Ya no había noticia. Estoy seguro que a algunos de los que leáis este post os sorprenderá parte de lo que cuento, también yo lo estaba en su momento, pero ahora ya estoy curado de espantos.