Telmo Martin, una gestion para el cambio
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Perdiendo el tiempo

Si el gobierno local hubiera hecho sus deberes ya dispondría de la parcela para los nuevos juzgados. La Xunta aprueba 15 M€ para Pontevedra que ya quisieran otras ciudades que se han tenido que conformar con 3 M€ y, en lugar de poner la maquinaria municipal a trabajar, el gobierno se lava las manos y le dice a la Xunta que declare el proyecto de interés supramunicipal. Una propuesta que no tiene sentido al tratarse de una parcela que está calificada para equipamiento desde 1989. La declaración supramunicipal se reserva para los terrenos rústicos.

¿Cómo han actuado en otras ciudades? Han hecho lo que el gobierno de Pontevedra no quiere hacer. El Concello de Vigo está llevando a cabo las expropiaciones para los terrenos de lo que será la Ciudad de la Justicia. Aquí no solo no se contempla esa posibilidad en el nuevo PXOM, además se niegan a hacer las gestiones para conseguir una parcela de 6.000 m². El Concello de Santiago de Compostela en 2 meses ha cedido a la Xunta una parcela que permitirá iniciar las obras de su nuevo edificio judicial este año.

En resumen, la Xunta destina 3 M€ al nuevo edificio judicial de Santiago y en solo 2 meses el Concello le cede una parcela para su construcción. La Xunta destina 15 M€ al nuevo edificio judicial de Pontevedra y en lugar de ponerse a trabajar para conseguir la parcela cuanto antes, el gobierno le dice a la Xunta que se encargue ella. Un esperpento más. Porque no quiero pensar que la estrategia del gobierno es retrasar la inversión, como en el caso del nuevo hospital. Y si el gobierno no se siente capaz de conseguir un acuerdo con los propietarios de la parcela que delegue en el PP, que estamos seguros de lograrlo.

Temas: Pontevedra

 

Comentarios

Comentario de Nieves
Fecha: 20 Enero 2010, 10:52

Los juzgados de Pontevedra son una calamidad. Mal emplazados, obligando a los profesionales y ciudadanos a perder tiempo valioso ; con unos accesos malos; sin aparcamiento; con unas salas que son un chiste. Todas las administraciones y colectivos implicados deben de dejar posturas personales y partidistas para lograr un correcto funcionamiento de la justicia, que en Pontevedra se podría traducir en un principio, en unas instalaciones modernas y adecuadas, y no en parches.

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