Ayer hablé de la Ley de Contratos del Sector Público y, en concreto, del contrato de concesión de obra pública como posible fórmula de construcción del nuevo hospital de Pontevedra. Decir que una fórmula que contempla la ley interferirá en el carácter público del nuevo hospital es, sencillamente, absurdo. Sería como decir que Zapatero, que aprobó la ley, y el Congreso de los Diputados, que la apoyó por unanimidad, se pusieron de acuerdo para privatizar la sanidad.

Por tanto nos encontramos ante una estrategia en la que coinciden intereses políticos y los de algún colectivo sanitario reacio a aplicar modelos de gestión modernos. Modelos que, por cierto, no solo se han aplicado en la construcción de hospitales o centros de salud en Madrid y Valencia, como intentan dar a entender quienes se oponen a ellos. También en Asturias, Baleares, Castilla La Mancha, Andalucía y Murcia.

Pero si hablamos de infraestructuras en general, todas las comunidades autónomas, ayuntamientos y el Gobierno de España recurren al contrato de colaboración público-privada. Y por poner un ejemplo cercano, esa es la fórmula que ha anunciado el Ministro de Fomento para construir la autovía entre Pontevedra y Vigo.

El Tribunal Constitucional en la sentencia nº 37/94 lo deja muy claro: “el derecho que los ciudadanos puedan ostentar en materia de seguridad social es un derecho de estricta configuración legal, y el carácter público del sistema no queda cuestionado por la incidencia en él de fórmulas de gestión o responsabilidad privada”.

¿Por qué las administraciones recurren cada vez más a fórmulas de colaboración público-privada? Porque conllevan importantes ventajas como la reducción de riesgos, la agilización de la construcción de las infraestructuras y facilitan la financiación. Pero de estas cuestiones hablaré, con más detalle, en los próximos comentarios.