Tal y como anunció el Conselleiro Agustín Hernández en su visita a Pontevedra en octubre, la Xunta firmará próximamente el nuevo convenio de saneamiento del rural por importe de 10 M€. El anterior convenio se firmó el 1 de julio del 2008, por tanto hubo que esperar 3 años desde que el bipartito llegó a la Xunta. Eso sí, los proyectos que le correspondían a la Xunta se adjudicaron un mes después de firmar.

No fue el caso del gobierno de Pontevedra que, como he denunciado otras veces, retrasó mucho tiempo la adjudicación de su parte. Es más, todavía hoy, el concejal Valcárcel tiene pendiente la adjudicación de 500.000 € de los 1,7 M€ que le correspondían al Concello. 85.000 € de un proyecto de Reiríz (Alba) aún se adjudicaron hace 15 días. 900.000 € se adjudicaron en septiembre del 2009, por tanto 14 meses después de la firma del convenio. Y sólo 200.000 € se adjudicaron en 2008.

Estos son los datos reales con los que mi compañero Jacobo Moreira retó en el Pleno de enero a Valcárcel para que demostrara con documentación oficial si no eran verdad. Por supuesto que el concejal no lo hizo, prefiere seguir manipulando los datos. Pero a los 11.000 vecinos del rural que siguen sin saneamiento no se les puede engañar.

Propaganda aparte, de cara al nuevo convenio esperamos del gobierno 2 cosas. Primero, que aporte cuanto antes los proyectos técnicos que quiere incluir en el convenio. Y, segundo, que adjudique los 3 M€ que le corresponden al Concello con agilidad, sin retrasar los proyectos como ocurrió con el anterior. Si este convenio se tramita y ejecuta con eficacia, a finales del 2011 se podrían firmar otros 10 M€, lo que nos permitiría recuperar parte del tiempo perdido. Porque si el gobierno de Lores hubiera demostrado un interés real en dotar de saneamiento al rural lo podría haber conseguido en sus primeros 4 o 6 años de gobierno. Sin embargo, 11 años después, el 50% del rural sigue sin un servicio tan básico.