El viernes le pregunté a Lores en el Pleno qué decisiones va a tomar y quien va a asumir las responsabilidades que se derivan de la sentencia que condena al Concello (y por tanto a su gobierno) por apropiación indebida de una parcela en el río dos Gafos. Visiblemente molesto con la pregunta intentó negar cualquier responsabilidad en la usurpación de la parcela y culpó a Augas de Galicia, que entones dependía del socialista Pachi Vázquez. También se atrevió a decir que la sentencia no cambiaba nada porque, aunque obligaba a pagar a los propietarios de la parcela, es como si se les hubiera expropiado legalmente.

No es el PP quien dice que su gobierno usurpó una parcela indebidamente, lo dice el juez, que exime de cualquier responsabilidad a Augas de Galicia. Y el Concello así lo ha reconocido puesto que en su recurso ante el TSXG no discute esta cuestión, sino que el terreno sea urbano consolidado, como dice la sentencia. Por tanto, Lores en el Pleno, que representa a todos los pontevedreses, mintió y lo hizo a sabiendas. Tampoco es cierto que la sentencia no suponga un incremento considerable del dinero que se habría pagado de haber actuado legalmente, mediante una expropiación. El juez condena al Concello a pagar el valor de los terrenos, más los intereses anuales y un 25% de indemnización.

Los intereses y el 25% de la indemnización si el terreno es urbano consolidado como dice la sentencia (cuestión que ha recurrido el gobierno), supondrá el pago de 4 M€ de penalización a mayores del valor de los terrenos. Pero si finalmente el recurso del Concello fuera estimado, los intereses y el 25% de indemnización supondrían 2 M€ de penalización sobre el precio del terreno. En definitiva, que el gobierno de Lores se saltara la legalidad en 2007 y usurpara una parcela a sus propietarios nos va a costar a los pontevedreses un mínimo de 2 M€ y si el TSXG confirma la sentencia de la Audiencia Provincial, 4 M€ más de lo que nos hubiera costado de haber actuado legalmente.

Un gobierno y un alcalde que demostraran un mínimo de auto exigencia democrática no dudarían en asumir las responsabilidades políticas que se derivan de generar un perjuicio tan alto a los pontevedreses, en términos económicos y de imagen. Es evidente que no es el caso de Lores y su gobierno, a los que ya solo les queda el refugio de la mentira. Y siento mucho tener que expresarme en estos términos tan duros.