Unos días antes de Semana Santa la concejala de Seguridad Ciudadana, Vanessa Rodríguez, anunció un “despliegue de seguridad sin precedentes” en el puerto deportivo. Tenía mala conciencia de los excesos que se produjeron el pasado verano sin que el gobierno hiciera nada.

Ahora nos enteramos que el despliegue de seguridad sin precedentes, que incluía la contratación de una compañía privada de seguridad, nos puede costar bastante más de lo previsto inicialmente porque no cumplió los requisitos legales.

Parece ser que incluía demasiados auxiliares de seguridad en relación al número de vigilantes de seguridad, que tienen una cualificación superior a los primeros y, por tanto, se incumplió la ley. Como consecuencia del incumplimiento, Nauta podría tener que pagar hasta 30.000 €.

Estamos ante un episodio más de la falta de transparencia que caracteriza al tripartito, especialmente en lo que se refiere a Nauta. La concejala debe dar una explicación de lo que ha pasado, de lo que costó la contratación de este servicio de seguridad y de las consecuencias que va a tener el incumplimiento de la legislación de seguridad privada.

Tampoco se entiende por qué el gobierno eligió una compañía de seguridad privada y no a la Policía Local, que cuenta con una plantilla muy profesional y cualificada. El tripartito retrasa el pago pendiente a los trabajadores del Concello, pero no duda en contratar servicios privados. Es curioso.